Juan Carlos Sarazúa, Contribución directa, impuestos y Estado en Guatemala, 1790-1854

1. Introducción

“En ningún Estado es más acomodaticio este impuesto personal [contribución directa anual] que en el de Guatemala, donde compuesto casi de indígenas son los más preparados por la costumbre a pagarlo. Si la legislación tiende a su mejora física y moral es una ventaja el que el ciudadano no razone sobre su sacrificio si al cabo este mismo lo conduce a su perfección y goce sociales.” [sic] Manuel Barberena, Secretario General del Estado de Guatemala a la Asamblea, 15 de agosto de 1825.

Con estas palabras se dirigió el Secretario General a la Asamblea del Estado de Guatemala en una comunicación en la que pedía la aprobación de la contribución directa para solventar el déficit presente en las cuentas fiscales, situación que evitaba el pago correspondiente a los empleados y militares. Es una muestra clara del papel que se atribuían los integrantes del gobierno en su “misión” por redimir a los pueblos de las trabas coloniales, ya que estos políticos se consideraban como los encargados de dirigir la marcha hacia el “progreso”. A su vez, Barberena estaba seguro del potencial fiscal que representaba la población indígena gracias a la “costumbre” que éstos tenían de pagar el tributo al antiguo gobierno español. Por último, hacía énfasis que el conjunto de territorios que para ese momento abarcaba el Estado de Guatemala en la Federación de Centro-América, era el más adecuado por el enorme peso demográfico de la población indígena, la cual abarcaba, a los ojos de los políticos de esa época, dos tercios de la población total.

La presencia mayoritaria de la población indígena en las regiones de lo que en ese momento era el Estado de Guatemala, fue una preocupación constante en los discursos políticos debido a la potencialidad que representaba como individuos que podrían aportar recursos a la Hacienda Pública y como fuente de mano de obra. Pero también encarnaban el peligro de una Guerra de Castas, parecida a la sufrida por Yucatán debido a las rebeliones que tuvieron lugar durante las dos primeras décadas del siglo XIX en los Altos y Verapaz, siendo la más conocida la de Totonicapán en 1820. Esto los llevo a desconfiar de las contribuciones directas, ya que éstas debían de considerarse como mecanismos últimos de recaudación fiscal, pero las urgencias de fondos ante los crecientes gastos llevó a un sector de los políticos a pensar con mayor detenimiento en los mecanismos de su aplicación. Otros, por su parte, habían pensado en la reinstalación del tributo como una medida justa de sostenimiento del gobierno ya que la población indígena no estaba afectada, según ellos, por la tributación indirecta.

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